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SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI - BREVE RESEÑA DE CONFLICTO


La República Árabe Saharaui Democrática (RASD - en árabeالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)es un Estado formado por la antiguacolonia española del Sahara Español que fue anexionado en1975 por Marruecos y Mauritania y anexado totalmente por Marruecos en agosto de 1979, al renunciar Mauritania a la zona que ocupaba.

La RASD está reconocida por cuarenta y ocho estados (la han reconocido veintidós paísesque han revocado anteriores reconocimientos y doce que han congeladosus relaciones con la RASD) , en trece de los cuales existe una embajada.


Historia
La primitiva población negra se replegó hacia el sur ante el avance de los bereberes blancos del norte, al que sucedió la penetración árabe desde el siglo VIII. Tras la guerra de Áfricaen 1860, España logró el reconocimiento de la línea costera saharaui.Enla Conferencia de Berlín acerca de África, se le reconoció a España unaextensión de desierto adyacente a su zona costera de Río de Oro. En 1920, la colonia se constituyó en el Protectorado del Río de Oro; en 1934 integró con Ifni en el África Occidental Española, y en 1957 se convirtió en una provincia de España.


Durante las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del XX, se llevan a cabo importantes expediciones científicas por parte de naturalistasespañoles: Quiroga, Bonelli, Font i Sagué, Hernández-Pacheco, MoralesAgacino, etc. Estos investigadores fueron los primeros civiles encontactar con los saharauis y en alcanzar puntos del desierto hastaentonces desconocidos para los occidentales.

Su independencia fue planteada por la ONU a España en 1967, pero la disputa entre Mauritania, Marruecos y Argelia por elterritorio representó un serio obstáculo.

Tras la marcha pacífica de miles de marroquíes hacia el Sahara -planificada por el rey Hasan II- que después se denominó "Marcha Verde", se firmaron los Acuerdos de Madriden 1975, por los que España cedió el Sahara a Marruecos y a Mauritania,los cuales tuvieron que enfrentarse luego con el saharaui Frente Polisario, apoyado por Argelia. En1979Mauritania renunció a la parte de territorio que le correspondía, quese anexionó Marruecos unilateralmente y, a su vez, reconoció al FrentePolisario.

Gobierno y política

Las fronteras internacionales de su territorio se corresponderían con las del antiguo Sahara Occidentaladministrado por España (1885-1976).


Marruecos reclama derechos ancestrales sobre el territorio. Sin embargo, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya emitió por unanimidad un dictamen el 16 de octubre de 1975 en el que:
Los materiales e información presentadas al Tribunal muestran laexistencia, en el momento de la colonización española, de vínculosjurídicos de vasallaje entre el Sultán de Marruecos y algunas de lastribus que viven en el territorio del Sahara Occidental. Igualmente,muestran la existencia de derechos, incluidos derechos sobre la tierra,que constituyen vínculos jurídicos entre la entidad mauritana, tal comola entiende el Tribunal, y el territorio del Sahara Occidental. De otrolado, la conclusión del Tribunal es que los materiales e informaciónpresentadas a él no establecen ningún vínculo de soberanía territorialentre el territorio del Sahara Occidental y el reino de Marruecos o laentidad mauritana. Por tanto, el Tribunal concluye que no ha encontradovínculos jurídicos de tal naturaleza que puedan afectar a la aplicaciónde la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General a la descolonizacióndel Sahara Occidental y, en particular, al principio delautodeterminación a través de la libre y genuina expresión de lavoluntad de los pueblos del territorio. [1]
Desde ese momento, el Frente Polisario,que había sido una organización político-militar, pasó a centrarse enla lucha por el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.Alcanzó mayor legitimidad en 1979 tras la cesión de Mauritania del sur del Sahara Occidental que hasta entonces había administrado de acuerdo a los Acuerdos de Madrid y el acuerdo marroquí-mauritano de 14 de abril de 1976.

En julio de 1982 en una reunión de la OUA en Addis Abebala RASD fue admitida en la organización. Su ingreso efectivo en la OUAcomo miembro de pleno derecho se materializó en 1984. Tras ladisolución de la OUA, la RASD se ha convertido en un Estado miembrofundador de la Unión Africana, organización internacional africana.

Actualmente, el territorio del Sahara Occidental se halla dividido por un muroo berma de más de 2.000 km de largo que divide de norte a sur elterritorio del Sahara Occidental. Dicho muro permanece vigilado por másde 150.000 soldados del ejército marroquí, está estrechamente vigiladocon radares y rodeado por un extenso campo de minas antipersonales,todo esto a un costo que supera el millón y medio de euros diarios. Lazona al oeste del muro es el territorio ocupado militarmente porMarruecos, mientras que la zona al este del muro es el territorio administrado por el Frente Polisario, sobre el que ejerce su soberanía la RASD.

En la zona hay un alto al fuego vigilado por la Misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sahara Occidental, MINURSO, organismo establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU el 29 de abril de 1991.

Con la llegada a la Secretaría General de la ONU de Kofi Annan,ocurrida en 1997, se nombra a James Baker III, ex secretario de estadode los Estados Unidos, con el objetivo de establecer un diálogo con laspartes en conflicto para proceder a la aplicación inmediata del "Plande Arreglo" y celebrar el referendo previsto en el mismo. Fruto de losencuentros se firman los acuerdos de Houston,donde se establece un calendario concreto sobre las diferentes fasesdel proceso para la descolonización del Sahara Occidental y se fijacomo fecha para la celebración de la consulta electoral el 8 dediciembre de 1998.

Sin embargo, tal como lo han descrito Amnistía Internacional [2][3] o Human Rights Watch [4],presiones del reino de Marruecos que es considerada la parte más fuertetanto en el ámbito militar como en el político, han impedido larealización del referendo de autodeterminación para el pueblo saharaui.El gobierno de Rabatha utilizado en muchas ocasiones, la presión política, el arresto deactivistas humanitarios y el amedrentamiento contra los saharauis quehabitan en los territorios ocupados por las tropas Marroquies.

video resistencia saharaui --- Declaratoria Constitutiva





mas información sobre el pueblo saharahui.





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Este es un disco de solidaridad en estos lados del mundo no se consigue, si lo puedes comprar compralo!

Tracklist:
01. Intro
02. Patchanka - Set things in motion
03. Obrint Pas - Dakar
04. Ayvalá - La Rialla
05. Che Sudaka & Papa Dee - Don't let me be misunderstood
06. Barrio Jaleo - Choose your life
07. Nour - Had El Medina
08. Radio Roots - Politikeros
09. El Belda i el Conjunt Badabadoc - L'Empordà
10. La Pegatina - La Negra
11. La Kinky Beat + Bad Sound System - Steel Irun
12. Pirat's Sound Sistema - Tancs
13. Patchanka - Set things in motion
14. Los Yukas
15. Ràbia Positiva - Cuando pica el sol
16. B-Negao e os Seletores de Freqüência - A verdadera dança do patiño
17. Band del Palo
18. Pulpiño Viascón
19. Majo Perfil
20. La Chango Family - ...llega la policía
21. Made in Barcelona
22. Kumbes del Mambo - No n'hi ha
23. Colectivo Microguagua
24. Patchanka - Set things in motion
25. BarrioBeat (Rude feat.Ramsaziz) - Barrio-Express
26. Fufü-Ai + Paula Pitzalis - Canto Mudo de Wali en la Paz de Ain Beida

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Mumia Abu-Jamal: Lo que está en juego en la audiencia del 9 de noviembre


Una vez más, Mumia Abu-Jamal está en grave peligro de muerte después de una serie de decisiones adversas en su caso. Al negarle su petición para un nuevo juicio en 2009 y, por otro lado, dejar la pena de muerte en efecto el enero pasado, la Suprema Corte de Estados Unidos ha mostrado su voluntad de ejecutarlo.

Para entender la situación actual jurídica, vale la pena revisar unas fechas claves en el caso.

El 2 de julio de 1982 un jurado en Filadelfia encontró a Mumia Abu-Jamal culpable del homicidio en primer grado del policía Daniel Faulkner el 9 de diciembre de 1981 en Filadelfia.

El 3 de julio de 1982, fue sentenciado a muerte.
Durante los ’80 y los ’90 hubo muchas apelaciones para presentar nueva evidencia a su favor y para evidenciar la ocultación del jurado de pruebas exculpatorias. Las cortes se han negado a escuchar evidencia sobre las retractaciones de testigos, la confesión de un señor que afirma haber matado al policía, y evidencia fotográfica que muestra que los testigos de cargo mintieron y que los policías manipularon la evidencia en la escena del crimen, entre otras pruebas.

En 1996, Bill Clinton promovió y firmó la Ley contra el Terrorismo y por una Pena de Muerte Efectiva, haciendo casi imposible que una persona condenada a muerte consiga un nuevo juicio. Si el caso entra en las cortes federales sin evidencia de inocencia establecida en cortes estatales, los jueces federales no pueden considerar esta evidencia.

Aún así, en dos ocasiones cuando Mumia tenía una fecha de ejecución ––en 1995 y 1999–– las órdenes de ejecución fueron canceladas en el último momento debido al amplio apoyo mostrado en Estados Unidos y en muchas partes del mundo.

El 18 de diciembre de 2001, el juez federal William Yohn del Tribunal del Distrito Oriental en Pensilvania, revocó la pena de muerte pero afirmó la culpabilidad de Mumia. Al citar el dictamen en el caso Mills vs. Maryland de 1988, Yohn dijo que las instrucciones al jurado del juez Sabo eran confusas y que los integrantes del jurado pudieron haber creído, erróneamente, que tenían que estar de acuerdo unánimemente sobre cualquier circunstancia atenuante (como el buen carácter o la ausencia de un record criminal) para considerarla como un motivo para no imponer la pena de muerte.

El juez Yohn ordenó la celebración de una nueva audiencia ante un jurado sobre la sentencia (cadena perpetua o muerte) dentro de 180 días en el evento de que la Fiscalía de Filadelfia decidiera reimponer la pena de muerte. Por otro lado, si la Fiscalía no hizo nada, la sentencia automáticamente sería cadena perpetua. Desde el 18 de diciembre de 2001 hasta el 19 de enero de 2010, Mumia efectivamente tenía la sentencia de cadena perpetua aunque nunca ha salido del corredor de la muerte durante las apelaciones.

El 17 de mayo de 2007, un panel de tres jueces del Tribunal Federal del Tercer Circuito escuchó argumentos orales en Filadelfia sobre las apelaciones de los dos lados. La Fiscalía apeló la revocación de la pena de muerte y el requisito de celebrar una audiencia sobre la sentencia. Mumia, quien buscaba un completamente nuevo juicio para establecer su inocencia, apeló la sentencia de culpabilidad debido a las violaciones de sus derechos constitucionales en el juicio: el racismo en la selección del jurado, el racismo del juez William Sabo, quien le dijo a su secretario que “iba a ayudarles a freír al nigger”, y el engaño a los integrantes del jurado por el fiscal Joe McGill, a quienes les aseguró que Mumia tendría muchas apelaciones para aminorar sus sentimientos de culpabilidad al ordenar su ejecución.

El argumento oral central en la audiencia del 17 de mayo era sobre el racismo en la selección del jurado, conocido como la cuestión Batson debido al famoso caso de Batson vs. Kentucky, que estableció que una persona tenía el derecho a un nuevo juicio en caso de la exclusión de candidatos al jurado debido a prejuicio racial. En el juicio de 1982, el fiscal Joe McGill usó 10 de sus 15 opciones de eliminar candidatos negros aceptables.

El 27 de marzo de 2008, el panel del Tercer Circuito rechazó la apelación de Mumia para un nuevo juicio, 2-1, diciendo que no hubo la más mínima indicación de racismo en el juicio y que Mumia tenía la obligación de comprobar la composición racial del grupo de candidatos al jurado, algo no requerido en ningún otro caso; sólo el juez Ambro discrepó sobre la cuestión “Batson”, diciendo que la corte debería aplicar el mismo estándar en el caso de Mumia que se había aplicado en muchos otros casos.

A la vez, el panel rechazó la petición de la Fiscalía para anular la decisión del juez Yohn, esencialmente dejando la situación igual que en el 2001 (aunque en muchos medios, esta decisión fue presentada como una gran victoria para Mumia).

Los dos lados apelaron de nuevo, cada quien presentando su petición de certiorari a la Suprema Corte de Estados Unidos; en efecto es una petición para que la Corte considere el caso para determinar si hubo irregularidades en las decisiones de las cortes inferiores.

El 6 de abril de 2009, la Suprema Corte le negó certiorari a Mumia, efectivamente rompiendo sus propias reglas para negarle un nuevo juicio.

Por otro lado, después de una tardanza sospechosa de casi un año, la Suprema Corte aceptó la petición decertioriari de la Fiscalía el 19 de enero de 2010, anulando la revocación de la pena de muerte y mandando el caso de nuevo al Tercer Circuito para “revisar” su decisión de 2008 a la luz de la decisión de la Suprema Corte una semana antes en el caso Smith v Spisak.

En el caso del neo-nazi Frank Spisak, la Suprema Corte reimpuso la pena de muerte que había sido revocada por los mismos motivos jurídicos (el caso Mills) citados en el caso de Mumia. A todas luces, el motivo de la tardanza era usar el caso de un asesino que pretendió “reducir la población de negros en el mundo” y quien gritó ¡Heil Hitler! en su juicio para perjudicar legalmente y psicológicamente el caso de un compañero que ha luchado durante toda su vida para un mundo de justicia y libertad el pueblo africano-americano y para toda la gente.

En vista de las instrucciones de la Suprema Corte, el Tercer Circuito debe considerar si hizo un error, o no, al avalar la decisión del juez Yohn con respecto a la pena de muerte y el requisito de celebrar una audiencia sobre la sentencia. Cabe señalar que cuando la Suprema Corte devuelve un caso a una corte inferior, por lo general, le está ordenando a “corregir” su error. En este caso el mensaje al Tercer Circuito está claro: Avale la pena de muerte para Mumia Abu-Jamal.

El 9 de noviembre de 2010 el Tercer Circuito escuchará argumentos de los dos lados sobre la pena de muerte. La fiscalía de Filadelfia, en contubernio con la Orden Fraternal de Policía, nunca ha desistido en su afán de ejecutar a Mumia, pero hasta ahora no lo ha declarado formalmente porque temía la celebración de una audiencia en la que los crímenes policiales y judiciales contra Mumia saldrían a la luz. Sin embargo, embravecido por las nuevas instrucciones de la Suprema Corte, el nuevo fiscal de Filadelfia, Seth Williams, un señor que nació negro, ahora ha dicho formalmente que pretende aplicar la pena de muerte.

El Tribunal del Tercer Circuito podría defender su respaldo en 2008 de las decisiones del 2001 de revocar la pena de muerte y requerir la audiencia para determinar la sentencia. O podría devolver el caso al Tribunal de Distrito para reconsiderar su decisión. Otra opción es que el Tribunal del Tercer Circuito podría celebrar una audiencia estrictamente sobre la evidencia. En todas estas opciones posibles pero poco probables, lo mejor que Mumia Abu-Jamal puede esperar es una sentencia de cadena perpetua sin la posibilidad de cadena perpetua.

Por lo contrario, el Tercer Circuito podría cumplir con la obvia voluntad de la Suprema Corte y permitir que la Fiscalía de Filadelfia ejecute a Mumia Abu-Jamal sin audiencia alguna.

Lo que está en juego en este momento es la audiencia—y la vida de Mumia Abu-Jamal.

Aunque las únicas opciones serían cadena perpetua o muerte en este tipo de audiencia, Mumia sigue pensando que es muy importante presentar su historia en un tribunal. Si el Tercer Circuito falla en su contra, él seguramente apelará a la Suprema Corte de nuevo a pesar de la obvia voluntad de la Corte para matarlo.

Por si acaso el Tercer Circuito falle en contra de la Fiscalía, es probable que Seth Williams siga el ejemplo de los abogados de Spisak, es decir, apelar a la Suprema Corte de nuevo para que avale la opción de la muerte.

Entonces, según el sistema de injusticia ahora imperante en Estados Unidos, no existe la posibilidad de justicia para Mumia Abu-Jamal. Su mejor opción sería la muerte lenta, es decir la cadena perpetua, pero en este momento la clara intención del Estado es matarlo de una vez.

¿Saldrá con la suya? La respuesta está en la calle.
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Presiona a Obama a tomar una posición a favor de Mumia y en contra de la pena de muerte. No tenemos confianza en ningún gobernante, pero a veces responden a la presión pública. 

Presiona al procurador Eric Holder a abrir una investigación de derechos civiles: Secretaría de Justicia 202-514-2000; 202-353-1555; webmaster@usdoj.gov
Escribe una carta o tarjeta a Mumia:
Mumia Abu-Jamal
AM 8335
SCI Greene
175 Progress Drive
Waynesburg, PA 15370

Para más información en español:
¡Ni muerte ni cadena perpetua! ¡Libertad para Mumia Abu-Jamal! ¡Pres@ polític@s libertad! ¡Abajo los muros de las prisiones!
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¿Antisistema yo? ¡Por supuesto!



A raíz de los incidentes ocurridos en Barcelona el 29-S y Últimamente en Francia, la crítica a los “antisistema” ha inundado el debate en los medios de comunicación asociando, de forma reduccionista y descontextualizada, el concepto antisistema y la violencia urbana.
Lejos de esta imagen interesada, la práctica diaria de los “antisistema” se encuentra en las federaciones de vecinos opuestas a la especulación inmobiliaria, en el sindicalismo alternativo, en el activismo contra el cambio climático, en los foros sociales, en la defensa del territorio frente a las grandes infraestructuras, en los centros sociales autogestionados, en la generación de experiencias de consumo alternativo y de promoción de la agroecología, o en los intentos de abrir una brecha en el sistema político impulsando candidaturas alternativas. Los movimientos sociales alternativos se caracterizan por ser motores del cambio social, generar propuestas rompedoras y fomentar nuevas formas de sociabilidad, de pensamiento crítico y de creación artística, liberando la creatividad humana encorsetada en las rutinas cotidianas.
En un contexto donde la credibilidad y la legitimidad del actual modelo económico está en entredicho, a pesar de que sus valores han penetrado profundamente en las conciencias de los de abajo, el poder establecido lucha para evitar que descrédito y malestar se transformen en movilización. Para conseguirlo es preciso que los trabajadores piensen que ésta no sirve para nada y que todo está perdido de antemano. De ahí los discursos oficiales sobre la imposibilidad de practicar otra política, de ir contra los mercados internacionales, de la inevitabilidad de las reformas anunciadas, y las tentativas de fabricar un mensaje mediático de fracaso del 29-S con fines desmoralizadores.
Se requiere también desacreditar al anticapitalismo emergente y a los movimientos sociales. Los intentos de criminalizarlos y estigmatizarlos pretenden abrir una fosa insalvable entre las minorías activistas y el grueso de los sectores populares. Lo vimos a comienzos de siglo en el momento de auge del movimiento “antiglobalización” y lo vemos ahora en medio de las resistencias a la crisis.
El sensacionalismo en torno a la violencia del 29-S ha buscado descalificar directamente a la huelga, en el caso de los sectores reaccionarios opuestos a la misma, o a los movimientos sociales alternativos, en el caso de la izquierda institucional, favorable a la convocatoria, pero contraria a una perspectiva de ruptura con el presente orden de cosas.
El tratamiento mediático de las acciones violentas cuando tienen lugar en manifestaciones y actos de protesta contrasta crudamente con el de la violencia de todo tipo que emana de las relaciones de poder, dominación y explotación del sistema actual, a menudo invisibilizada y naturalizada. Así, por ejemplo, el énfasis exagerado en los destrozos en inmuebles el día de la huelga sirve para esconder violencias mucho más graves sobre personas ocurridas durante la misma, como la represión policial a los piquetes sindicales y, sobre todo, las coacciones empresariales a los trabajadores para que no secundaran la huelga.
Ante un sistema sombrío y violento, incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de seres humanos y responsable de una crisis ecológica global que amenaza a la propia supervivencia de la especie, somos muchos quienes sin duda nos consideramos antisistema, aunque le veamos poca utilidad en utilizar un concepto fabricado por los mass media y de claras connotaciones peyorativas. Si el sistema al que nos oponemos es el capitalismo, nada mejor que definirnos simplemente como anticapitalistas.
A pesar de su aparente carácter negativo, el anticapitalismo, tal y como lo entendemos, desemboca directamente en la formulación de propuestas alternativas que apuntan hacia otro modelo de sociedad. “La indignación es un comienzo. Uno se indigna, se levanta y después ya ve”, señalaba el filósofo francés Daniel Bensaïd. Del rechazo inicial a lo existente se pasa después a la defensa de otra lógica opuesta a la del capital y a la dominación.
Los límites del término son, en cierta forma, los límites del periodo actual, todavía de resistencia y de (re)construcción, marcado por la dificultad para expresar una perspectiva estratégica en positivo y para afirmar tanto una perspectiva revolucionaria de transformación, como un horizonte de sociedad alternativo. Los grandes conceptos de la historia del movimiento obrero, como “socialismo” o “comunismo”, tienen hoy un significado equívoco debido al fracaso de los proyectos emancipatorios del siglo XX. Se precisan todavía nuevas experiencias fundacionales para imponer nuevos términos o recuperar los antiguos.
En vistas de cómo va el mundo, el anticapitalismo es hoy una apuesta perfectamente razonable y un verdadero imperativo moral y estratégico. No parece que sean los antisistema quienes deban justificarse, sino los pro-sistema quienes deberían hacerlo. “No se puede ser neutral en un tren en marcha”, nos recordaba el historiador Howard Zinn en su autobiografía, y menos en un tren desbocado hacia el precipicio como lo es la humanidad, retomando la lúcida metáfora de Walter Benjamin. Hay que escoger entre dos lógicas antagónicas, la de la competencia y del todos contra todos o la de los bienes comunes y la solidaridad. Este es el dilema planteado por los movimientos anticapitalistas y antisistémicos de hoy en día.
Josep Maria Antentas es profesor de sociología en la UAB y Esther Vivas es activista en movimientos sociales. 
Ambos son autores de “Resistencias globales. De Seattle a la crisis de Wall Street”. 
Artículo publicado en Público, 15/10/2010.



TERRITORIO MAPUCHE HULLICHE Xa REGION DE LOS LAGOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE - $HILE http://okupalibertad.blogspot.com/ http://www.leftraru.tk/ LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLITICOS!!! WALLMAPU LIBRE...!!
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La “insurrección popular” de la Policía ecuatoriana

¿Levantamiento popular? 
¿Intentona golpista? 
¿Autogolpe? 

¿Show mediático?
¿Qué aconteció el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador?






Los pronunciamientos han sido diversos y desde distintas posiciones, si bien muchas de ellas coinciden.

Lucio y Gilmar Gutiérrez, dirigentes de Sociedad Patriótica, han señalado que la responsabilidad de los hechos la tiene Correa por su actitud prepotente y autoritaria. De igual manera han expresado que en el pueblo hay descontento frente a la situación generada por sus políticas. Ellos, sin embargo, al igual que sus partidarios, han deslindado responsabilidades frente a lo sucedido. No obstante, la presencia de Fidel Araujo (militante de la agrupación política de Gutiérrez y asesor del ex-presidente) en el Regimiento Quito No. 1, así como las declaraciones del propio Lucio y de su abogado Pablo Guerrero, quienes manifestaron que se debía disolver la Asamblea Nacional y que Correa debía renunciar, ponen en evidencia las verdaderas intenciones políticas de estos personajes.

Por su parte, el Partido Marxista-Leninista (PCMLE-estalinista), así como las organizaciones vinculadas a esta agrupación (MPD, FEUE), han expresado que lo que sucedió aquel día en el país fue una “insurrección popular” liderada por policías y un sector minoritario del ejército y la aviación ante las políticas de corte neoliberal llevadas adelante por el régimen de Correa, que ha conculcado sus legítimos derechos. Dirigentes del MPD, como Luis Villacís, expresaron públicamente su apoyo a la acción de los policías.

El Movimiento Pachakutik también se pronunció en defensa de la protesta policial.

Analistas políticos, académicos universitarios como Fernando Villavicencio, también han respaldado la acción de los policías. En su artículo “Rafael Correa y el Golpe de Estado del Cabo Cotonete”, Villavicencio exalta la lucha policial, a la vez que acusa al gobierno de haber tramado una obra teatral, que condujo a los hechos sucedidos el día jueves 30 de septiembre de 2010. Para el analista, Correa no estuvo secuestrado y, como lo han señalado los policías que estuvieron en el hospital de la institución, el mandatario tuvo la oportunidad de salir tranquilamente de ahí, incluso en medio de una calle de honor.

Si esto es real como señala Villavicencio: ¿por qué los policías cercaron el hospital?, ¿por qué se ensañaron contra los manifestantes que, “engañados” por el propio Correa y sus cercanos colaboradores, según la versión del articulista, querían arribar a las puertas del institución de salud para ver al presidente y acompañarlo en su salida?

A nivel internacional, el periodista y destacado luchador social Dick Emanuelsson se hizo eco de los pronunciamientos hechos por Edwin Bedoya, dirigente de la CEDOCUT y de Stalin Vargas, vocero del MPD, quienes han insistido en señalar que en Ecuador hubo una rebelión policial frente a las políticas del régimen que afectan a los sectores populares.

Contrario a lo expresado por los personajes y agrupaciones señaladas, los presidentes de Venezuela, de Bolivia, así como el gobierno de Cuba, fundamentalmente, condenaron con firmeza lo que calificaron como intentona golpista en Ecuador. De la misma forma emplazaron al gobierno estadounidense a que se pronuncie. No perdieron la oportunidad en señalar que detrás de esta acción estaría la mano de la CIA y sus organizaciones.

Militantes, pensadores y analistas de izquierda como Atilio Boron, Percy Alvarado Godoy, Narciso Isa Conde, Eva Golinger, han manifestado que sí hubo un intento de golpe de Estado, enfatizando que detrás de ello estuvo la mano de la oligarquía y la derecha ecuatoriana, así como del imperialismo estadounidense. La Corriente Marxista Internacional ha realizado planteamientos similares, haciendo un llamado para romper con el poder de la oligarquía y fortalecer la organización del pueblo, de la clase trabajadora ecuatoriana.

Entre los sectores de la derecha y la denominada “izquierda marxista” (estalinista) ecuatoriana existe plena coincidencia en sus planteamientos. Los medios privados ecuatorianos, en general, han rechazado la idea de que hubo un intento de un golpe de Estado. Una y otra vez han señalado como causas de lo que sucedió ese día a las políticas de Correa, así como a sus actuaciones autoritarias y prepotentes. El presidente fue el que provocó, fue un irresponsable al ir al foco de discordia, han señalado.

Diego Oquendo, periodista de Radio Visión, no se ha cansado de indicar que no hubo de golpe de Estado, sino una insurrección.

De igual manera, aprovechándose de la coyuntura, los representantes de los medios privados no han perdido la oportunidad de reclamar una vez más el derecho a la “libertad de expresión”, supuestamente conculcada por el gobierno, frente a la medida de enlazar todas las cadenas a la oficial ECUADORTV. Este pronunciamiento ha sido respaldado por la SIP.

Tras los incidentes, las peticiones de amnistía para los policías involucrados en los acontecimientos de ese día se han sucedido unas a otras por parte de los asambleístas opositores al gobierno, principalmente de Sociedad Patriótica y del Partido Socialcristiano. Mientras el presidente Correa ha señalado que no habrá ni perdón, ni olvido y que se aplicarán las sanciones estipuladas en la Ley para los policías que participaron en esas acciones.

Para continuar con el análisis de lo sucedido el 30 de septiembre de 2010 en el país, es necesario tomar en consideración algunos planteamientos, que tanto los sesudos analistas de derecha e izquierda han obviado para emitir sus posiciones, lo cual les ha llevado a no identificar las causas reales que estarían detrás de esos hechos:
1. No se puede dejar de lado que en América Latina los sectores de la derecha política, las oligarquías vende patrias y el imperialismo tienen como interés fundamental retomar las posiciones que en los últimos años perdieron. El golpe de Estado en Honduras constituye un ejemplo de lo dicho, así como los constantes ataques contra los gobiernos de Hugo Chávez y de Evo Morales con el objetivo de desestabilizarlos. Igual ha sucedido con el gobierno de Correa, tal como lo demuestran las campañas llevadas adelante por personajes como Carlos Vera, Jorge Ortiz, Lucio Gutiérrez, Álvaro Noboa, Jaime Nebot, César Montufar, Pablo Guerrero, entre otros. El gobierno de Correa, que dista mucho de ser un gobierno revolucionario, de carácter socialista, pese a esto constituye un estorbo para la política de dominación imperialista en el continente. No obstante el sinnúmero de contradicciones del actual gobierno en política internacional, los EE.UU. estarían gustosos de deshacerse de un presidente que se ha vinculado al ALBA, que ha propiciado la constitución del Banco del Sur, que ha jugado un rol fundamental en la OEA y UNASUR para hacerle frente a las políticas imperiales y que ha mantenido buenas relaciones con el presidente Hugo Chávez, Evo Morales y Raúl Castro.
2. Los grupos de poder político y económico se amparan en una poderosa campaña mediática para desprestigiar toda iniciativa, modelo o sistema que se oponga al capitalismo. Hay una satanización de lo que es el socialismo y el comunismo, tal como se lo hizo en la década de los 80 del siglo pasado en América Latina. Gobiernos progresistas y abiertamente de carácter revolucionario son estigmatizados, acusándoles de querer destruir a sus naciones con la aplicación de “modelos obsoletos”. La propiedad privada constituye algo sagrado. Nadie puede ir contra eso, dicen los defensores del capitalismo. El gobierno de Correa, pese a que no ha dado señales concretas de que en el Ecuador su gobierno quiera aplicar medidas que posibiliten la construcción del socialismo, ha sido objeto de estos ataques. La cadena televisiva TELEAMAZONAS es la principal opositora al régimen del presidente Correa.
3. La CIA y sus organizaciones: USAID, NED, IRI, SIP, Freedom House, Fundación Heritage, están detrás de todas las campañas de desestabilización contra los regímenes opuestos a los intereses de las oligarquías latinoamericanas y del imperialismo yanqui. Millones de dólares han sido entregados a organizaciones civiles, incluidos grupos que representan posturas “progre”. Eva Golinger ha señalado que la USAID ha entregado aportaciones millonarias a Participación Ciudadana (dirigida anteriormente por César Montúfar), a la CONAIE, a Pachakutik, a la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador (con la cual tiene vínculos la asambleísta opositora al gobierno de Correa, Lourdes Tibán).
4. De igual manera, la CIA ha penetrado los aparatos de seguridad del Estado en Ecuador. Altos oficiales de la policía y el ejército, que han sido victimizados por los medios, como el Mayor Manuel Silva, ex jefe de la UIES (Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía) y el Coronel Mario Pazmiño, ex jefe de Inteligencia del Ejército, están estrechamente relacionados con la CIA. Además, estos oficiales han prestado buenos servicios a la inteligencia colombiana. En 2008 se presentó un Informe sobre la penetración de la CIA en las Fuerzas Armadas y la Policía, donde se demuestra los vínculos y la subordinación de estas instituciones con los aparatos de espionaje gringos, así como con la embajada estadounidense.
5. La institución policial, así como las fuerzas armadas en el Ecuador, históricamente se han puesto al servicio de los grupos de poder político y económico. La violación a los derechos humanos ha sido permanente por parte de estos aparatos represivos. No han estado del lado del pueblo y sus luchas. Por el contrario, han sido enemigos de las mismas. El informe presentado por la Comisión de la Verdad, constituida bajo el gobierno de Correa, pone en evidencia la práctica permanente y sistemática de la violencia por parte de la policía y las fuerzas armadas sobre la población. Basta recordar la institucionalización de la tortura bajo el gobierno de León Febres Cordero, para silenciar a quienes se les calificó como terroristas.
Sin perder de vista lo expuesto, cabe plantear tres interrogantes:
1. ¿La derecha y el imperialismo estadounidense están libres de culpa en lo que aconteció el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador?
2. ¿Hubo realmente una “insurrección popular”, encabezada por la policía, contra el gobierno de Correa?
3. ¿La institución policial actuó en defensa de los intereses del pueblo?
El texto de Lenin: “El Estado y la revolución”, permite comprender el rol de la fuerza pública.

El Estado es un aparato de represión de la clase dominante. No es neutral. No representa los intereses de la mayoría.

Para llevar a efecto su tarea, el aparato estatal está conformado por fuerzas que ejercen acciones represivas directas contra la población para de esa manera garantizar los intereses de la clase detentadora del poder. El ejército y la policía son los instrumentos fundamentales de la fuerza del Poder del Estado, decía Lenin.

Esos destacamentos especiales de hombres y mujeres armados están conformados, generalmente, por gente del pueblo. Eso es verdad. Pero de ahí a deducir que por ello se alinean con los intereses de las masas, hay un gran trecho. Estas fuerzas del orden tienen como misión defender al sistema y a sus amos que les dan de comer. Sólo se levantan, si lo hacen, cuando ven afectados sus intereses económicos, sus privilegios, como lo demuestra la acción llevada a cabo fundamentalmente por los policías en Ecuador. La protesta se produjo como rechazo a la posibilidad de perder privilegios, canonjías que los policías han tenido. El malestar continúa en ese sentido, aunque con la homologación salarial que el gobierno de Correa ha efectuado, las remuneraciones de los integrantes de las instituciones armadas mejorarán sustancialmente.

Habría que esperar para saber si los policías y militares, ya contentos con sus nuevos salarios, van a luchar por los intereses del resto de la población. De igual manera, habría que ver si es que en un momento determinado en que la población salga a protestar por sus derechos y mejores condiciones de vida, la policía no va a reprimirla.

La “izquierda marxista” y los sesudos intelectuales “progre” no han perdido la oportunidad para hablar de la extracción popular de la tropa. Son el “pueblo uniformado”, dicen. Lo que no analizan es el rol que tienen esos aparatos represivos en la sociedad, así como la ideología que terminan asumiendo en los cuarteles donde les inculcan el odio a las ideas socialistas, al comunismo. Asimismo, dejan de lado la personalidad de los individuos que trabajan en esos aparatos represivos, que se caracterizan por ser obedientes, disciplinados, sumisos y serviles frente al orden establecido. Podrán rebelarse frente a un gobierno para defender sus intereses, pero eso no les quita la condición de ser instrumentos al servicio de la clase que detenta el poder. Son enemigos de las luchas populares.

La actuación de la tropa policial el día 30 de septiembre de 2010, confirma lo expuesto. Asesinato de un estudiante universitario e incitación para hacer lo mismo con el presidente Correa, disparos de gases lacrimógenos contra los manifestantes pacíficos, utilización de gas pimienta, agresiones físicas, amedrentamiento a la población, robo y destrucción de cámaras y teléfonos celulares, destrucción de vehículos es lo que caracterizó a la acción criminal de los policías contra el pueblo. La indiferencia frente a los saqueos que se dieron en varias ciudades, demostraron la falta de preocupación de la policía por el pueblo. Esto formó parte de un plan muy bien estructurado para sembrar el caos en el país, demostrar que no había gobierno y propiciar la caída del régimen de Correa. Pese a todos estos hechos, todavía pretenden encasillar la realidad a la torpe idea de que en el país no hubo una intentona golpista. Que los golpes no los hacen las tropas, sino los oficiales, dicen los analistas de derecha e “izquierda”. ¡Qué estrechez de pensamiento!
Las tropas policiales y militares participaron en el golpe de Estado en Chile en 1973 y más recientemente en Honduras, en el año 2009. Los que planifican pueden ser otros, tras bambalinas o en forma abierta. Pero los que ejecutan esas acciones son los individuos que conforman esos aparatos represivos. Si se niegan, no les queda más que asumir las consecuencias de sus actos: ser fusilados, encarcelados, torturados o, en su defecto, abandonar esos aparatos para pasar a engrosar las filas de las y los combatientes populares. Solamente cuando la tropa y la oficialidad se conciencian a partir de las condiciones materiales de existencia de la población más pobre, así como por un adecuado trabajo político, la policía y el ejército se pondrán del lado del pueblo.

En Ecuador, el día 30 de septiembre de 2010 la policía atacó al pueblo. Ese día los policías lucharon por sus intereses particulares, no los de la mayoría de la población. En esa jornada, la policía vitoreó a un enemigo de la lucha popular, el Coronel Lucio Gutiérrez. En esa fecha, una vez más, la policía demostró estar en contra del pueblo.

Estos elementos son los que no deberían perder de vista quienes desde posiciones supuestamente de izquierda, se ponen del lado de los represores históricos del pueblo y de quienes están detrás de ellos: la oligarquía vende patria y el imperialismo yanqui.

Ojalá esa izquierda y sus sesudos analistas e intelectuales, no pidan amnistía para estos policías, enarbolando la política cínica del perdón y olvido. Los enemigos de mis enemigos, no son necesariamente mis amigos. La clase trabajadora ecuatoriana debe organizarse para hacerle frente a la derecha, a la oligarquía y a la intervención del imperialismo yanqui. De igual manera debe prepararse para exigirle de una vez a este gobierno que dé un giro radical a la izquierda y que ponga en práctica medidas que posibiliten la construcción de un sistema político-económico distinto al capitalismo. Eso, por ahora.

Quito, 5 de octubre de 2010


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